Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta de las personas menores de edad vulnerables, el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) llevaron a cabo el webinar “Protección Integral de la Niñez: Contra el abuso y el trabajo infantil”, evento que reunió a destacados especialistas de Guatemala y República Dominicana, quienes abordaron el tema desde las perspectivas jurídicas nacional, internacional y de políticas públicas gubernamental. 

El encuentro, se produjo en el marco de la conmemoración de abril este mes, de la Lucha Contra el Abuso Infantil, la experta guatemalteca Rebeca González Melgar, inició el panel con el tema “Avances y estándares internacionales en materia de trabajo infantil”. 

Destacó la importancia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cómo los marcos globales han evolucionado para exigir a los Estados políticas más agresivas de protección a los derechos de la infancia. Priorizando el Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil y la Acción inmediata para su eliminación y el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre edad mínima. 

Subrayó que el cumplimiento de estos estándares es vital para romper los ciclos de pobreza y asegurar el desarrollo integral de los menores de edad, reafirmó el compromiso institucional de garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, y discutir los retos que persisten en la lucha contra la explotación laboral infantil en la región. 

De su parte, la magistrada Yenny Segura González, jueza del Octavo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, profundizó el tema “Marco normativo dominicano y rol del sistema de justicia frente al trabajo infantil”. 

Explicó que el trabajo infantil es definido por los convenios internacionales como aquella labor mental, física o social que pone en peligro o perjudica a la persona menor de edad, vulnerando derechos como la escolarización. Citó que, conforme al artículo 56 de la Constitución dominicana, son la familia, la sociedad y el Estado quienes tienen la obligación primordial de garantizar la tutela y protección de los derechos fundamentales de los menores. 

Dijo que el Código de Trabajo establece en su artículo 37 la edad mínima de 16 años para el ejercicio laboral de los menores de edad, previa autorización de los padres para esa actividad. 

Agregó que, en materia laboral de menores, el rol del sistema de justicia inicia con una denuncia que puede ser presentada de manera presencial, telefónica o a través de las redes sociales. Indicó que esas denuncias se interponen a través del Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) y la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, organismos que a su vez someten los asuntos y peticiones ante los jueces. 

“Las normas disponen sanciones penales, multas y cierre de negocios en los que trabajen personas menores de edad. El sistema judicial no solamente actúa cuando hay un delito, sino antes, durante y después”, concluyó la magistrada Segura.         

El Licdo. Santiago Nuesi, coordinador de la Dirección de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, el cual tiene una experiencia de doce (12) años en la coordinación técnica del departamento de Niñez del Ministerio de Trabajo, expuso el tema “Buenas prácticas y articulación interinstitucional”, en el que defendió que la República Dominicana mantiene una política de conexión interinstitucional en la lucha contra el trabajo infantil y que el país suscribió además un memorándum con la Organización Internacional del Trabajo. 

“El trabajo infantil es un asunto de múltiples consecuencias y multifactorial, porque incide la pobreza, los problemas familiares, la educación, etc. Manifestó que se conocen actores que son parte del sistema que en su mente tienen la opinión de que los niños, niñas y adolescentes deben trabajar para ser hombres y mujeres honestos/as y serios/as, y mientras exista ese criterio es difícil erradicar el trabajo infantil”, enfatizó.    

El funcionario resaltó los esfuerzos de inspección laboral y los programas de asistencia social que buscan retirar a los/as menores de edad de entornos de riesgo, destacando la importancia de los comités de vigilancia y las redes locales como herramientas clave para la detección temprana de casos de abusos. 

Las palabras de bienvenidas fueron dadas por la Escuela Nacional de la Judicatura y la apertura por la licenciada Rosa Iris Linares, directora de la Dirección de Justicia Inclusiva. En el presente webinar participaron más de 450 personas.