El Poder Judicial informó que continúa dando cumplimiento a los programas destinados a favorecer la igualdad de oportunidades de los hombres y mujeres integrantes del sistema de justicia, estrategia determinante para lograr un desarrollo sostenible centrado en las personas.
Al dar a conocer el informe de la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial en el que analiza varios puntos en base al periodo 2015-2021, la Dirección de Análisis y Políticas Públicas destaca que desde el año 2007 la institución ha venido realizando importantes iniciativas para reducir la brecha entre ambos géneros.
El objetivo de este estudio es reflejar el posible desarrollo que ha tenido el Poder Judicial en materia de igualdad de género, tras la implementación de la Resolución núm. 3041-2007 y su reglamento de aplicación, con miras a identificar puntos de mejora que generen políticas públicas óptimas basadas en la igualdad de derechos para el hombre y la mujer.
Observó que cuantitativa y proporcionalmente es mayor la presencia de mujeres en casi todos los departamentos judiciales, y existe una creciente tendencia de ingreso de éstas al sistema de justicia en diferentes posiciones.
Indica que, a excepción de las salas de la Suprema Corte de Justicia, existe una mayor proporción de juezas y servidoras judiciales en todas las materias de ejercicio en los tribunales de justicia.
Según refleja el estudio, titulado “Política de Igualdad de Género del Poder Judicial, presencia de jueces, juezas, servidores y servidoras judiciales por jurisdicciones, demarcaciones y jerarquías”, en el ámbito nacional, el 54.72% de los servidores son de sexo femenino. Al realizar una comparación por departamento judicial y sexo, “podemos determinar que el Distrito Nacional cuenta con la mayor cantidad de mujeres”.
Agrega que el 93% de los departamentos judiciales presenta una medida afirmativa, al emplear a más mujeres que hombres. San Juan de la Maguana es el único departamento judicial con mayor proporción de empleados de sexo masculino.
El grupo de edad con mayor cantidad de servidores de ambos sexos se sitúa en el rango de 32-40 años. La población de mujeres es mayor a la de hombres en los grupos de edades de 41-50 años.
En razón del sexo, las mujeres representan la mayoría de las contrataciones para las edades de 18-25 años, con una edad modal de 21 años. La mayoría de las empleadas comprendidas en este grupo desempeñan más posiciones en el ámbito judicial que en el administrativo, donde predomina la empleomanía masculina, con edades entre los 41 y 50 años.
“Dado que la tendencia de contratación de mujeres es más alta para empleados y empleadas menores a 31 años, se estima que en un futuro las mujeres serán mayoría en todos los rangos de edad”, explica el informe.
En el ámbito formativo, el 65.41% del personal recibe capacitación en la Escuela Nacional de la Judicatura, corresponde al género femenino, lo que refleja su deseo por superarse cada vez más.
La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos derechos, acceso y beneficios. Siendo la principal entidad administradora de justicia y con la responsabilidad de garantizar los derechos de la ciudadanía, el Poder Judicial tiene el compromiso institucional de promover la igualdad de género en todo su accionar.
Acciones Igualdad de Género
En base a las acciones pautadas en la Política de Igualdad del Poder Judicial, surge en junio de 2008 la Comisión para la Igualdad de Género, con el propósito de monitorear, eliminar posibles prácticas discriminatorias y mejorar las condiciones laborales.
En noviembre de 2010, se crea el Observatorio de Justicia y Género, a fin de dar seguimiento a las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en el ámbito de la equidad de género para lograr mayor eficacia y contundencia en la respuesta judicial.
Se creó, además, la Guía de Buenas Prácticas para el manejo de violencia doméstica, intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales.
El Poder Judicial adoptó también el Sello de Igualdad de Género en el sector público (Igualando RD), programa de certificación regional dirigido a promover la igualdad y la autonomía económica y social de las mujeres en las instituciones públicas.
Puede acceder al documento del estudio haciendo clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yIQN6L
