SANTO DOMINGO. – El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, recibió en su despacho al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, quien le entregó una edición publicable de la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados y del Decreto 405-22 que contiene el Reglamento de Aplicación de la misma, lo que se considera un logro que impulsará la lucha contra el comercio ilícito.
El instrumento legal tiene por objeto combatir el comercio ilícito de mercancías, tipificando los delitos de comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados y estableciendo sus sanciones administrativas y penales.
Los productos regulados por dicha ley son los medicamentos, hidrocarburos, productos del alcohol y sus derivados y los productos del tabaco y sus derivados, mientras se fabriquen, distribuyan, almacenen, importen o comercialicen en el territorio dominicano.
La ley contempla delitos y sanciones penales como son la violación a los controles fiscales y el incumplimiento de los requerimientos de la Administración Tributaria. También tipifica el contrabando, delitos aduaneros y delitos conexos. Asimismo, regula la reincidencia, delitos conexos como pueden ser sobornos, corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y la complicidad.
El nuevo reglamento establece las normas que guiarán el accionar del Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención y de los órganos reguladores en los procesos de inspección y en las investigaciones administrativas y penales. En ese sentido dispone que se establezcan protocolos, convenios de trabajo conjunto y mecanismos de coordinación institucional.
De acuerdo con el documento, la Procuraduría General de la República deberá convocar a la primera sesión del Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención, dentro de 60 días, a partir de la entrada en vigencia del reglamento.
El consejo está integrado por titulares y representantes de 17 entidades, tanto las instituciones públicas a cargo del tema como asociaciones del sector privado, comercializadoras de los productos regulados. Fue creado por la ley para dar consultas y asesoría en el diseño e implementación de políticas de prevención de comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados.
El reglamento de aplicación de la Ley 17-19 es el resultado de un trabajo de coordinación interinstitucional entre los ministerios de Industria y Comercio, Salud Pública, Defensa, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM); la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en alianza con las asociaciones representantes del sector privado, encabezado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
En el encuentro participaron por el Poder Judicial el director general de Administración y Carrera Judicial, Ángel Brito; la directora de Análisis Políticas Públicas, Rosaura Quiñonez; el coordinador Ejecutivo de Proyectos de Transformación, Moisés Jáquez; y el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Javier Cabreja.
Mientras que por el sector empresarial presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Celso Marranzini; la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar; el vicepresidente ejecutivo de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), Luis Álvarez; y la vicepresidenta ejecutiva Asociación Dominicana de Productores de Ron, Aguie Lendor. También Nayesky Concepción, especialista en Regulación Económica, Financiera y Empresarial; y Manuel Cabral, miembro de la AIRD.
