La Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional, conformada por actores del sistema de justicia penal, presentó los avances obtenidos para dar respuestas a la situación actual de los privados de libertad

Cerca de 10,000 expedientes de privados de libertad han sido capturados en la provincia de Santo Domingo para la ejecución de la pena, lo que representa un avance del 70 por ciento en ese levantamiento que realiza el Poder Judicial dominicano.

El proceso de levantamiento de información que inició el 6 de mayo de este año ha permitido captar 9,730 expedientes, de los cuales 6,017 corresponden a personas en estatus de cumplimiento de pena, según indicó la magistrada María Garabito, jueza de la Suprema Corte de Justicia, quien preside la Comisión Ejecutiva para Personas en Condición de Vulnerabilidad del Consejo del Poder Judicial.

La información se produjo en la tercera reunión de la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional conformada por actores del sistema de justicia penal, que tiene como finalidad buscar soluciones a las problemáticas de los privados de libertad en situación de vulnerabilidad.

En el encuentro se dio seguimiento a las inquietudes de la reunión anterior, como son el no traslado de los privados de libertad a los tribunales para el conocimiento de las audiencias, las notificaciones y citaciones, estatus actual del plan de solución de rebeldías en el Distrito Nacional, atención médica en las cárceles, entre otros temas.

La magistrada Garabito indicó en cuanto al traslado de los imputados a los tribunales, que se deben buscar soluciones definitivas para males tan viejos, imperantes hoy en día como la falta de transporte, custodia, esposas, entre otras causas por las cuales no se trasladan a los privados de libertad en tiempo para el conocimiento de sus audiencias.

Dijo también que se deben retomar de manera urgente los centros de notificaciones y citaciones en todas las cárceles a nivel nacional, pero sobre todo en Najayo y la Victoria, a fin de agilizar los procesos.

De su lado, entre las problemáticas citadas, la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, trató sobre el levantamiento de los expedientes en estatus de rebeldía, y en ese punto al ser actualizada la información dijo que el 85% se trata de personas imputadas por delitos menores cuyo abordaje para otorgar respuestas acordes a medidas alternas contempladas por la normativa procesal vigente se está trabajando en el marco de la mesa interinstitucional.

“El objetivo es poder impactar positivamente en la conclusión de los mismos, para mitigar cualquier dilación en la atención de los procesos activos en los Juzgados de la Instrucción, lo que favorece la fluidez de los actores claves del sistema en la atención de casos, como la Defensa Pública y Ministerio Público, y a su vez, poder ofrecer una respuesta oportuna sobre los conflictos a las víctimas y personas imputadas” dijo la magistrada Romero.

En ese sentido, Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, planteó que se debe llegar a la solución alterna como lo prevé el código para no cargar al sistema de casos no tan relevantes, ya que muchos de esos expedientes están asignados a la defensa pública, lo cual le quita tiempo, recursos y complica más la situación.

En sus hallazgos, la Dirección de Servicios Penitenciarios señaló que muchas de las personas en prisión están seriamente afectadas de salud, en ese sentido, y con la finalidad de formular las estrategias de intervención en salud en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, se realizó un censo médico que revela que, de una muestra de 3,442, solamente 964 de ellos cuenta con seguro de salud.

En esa provincia se trabaja arduamente en los levantamientos de expedientes pendientes de algún trámite, sin distinción del tipo de defensa que poseen, de manera que no se visualice un trato preferencial con aquellos que tienen asignados un defensor público.

Durante el encuentro se acordó seguir trabajando de manera coordinada y articulada como garantes de la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto a su dignidad. Asimismo, se informó que se estará conformando a nivel nacional otras mesas de coordinación interinstitucional en otros departamentos judiciales para gestionar el trabajo y dar seguimiento, según las urgencias, a las acciones requeridas a las instituciones del Estado.

Los actores participantes son el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, e instituciones del sector salud.

Por el Poder Judicial, en la reunión participaron, además, Rafael Báez, juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Esmirna Gisselle Méndez, jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; Ángel Brito, director general de Administración de la Carrera Judicial; y Rosa Iris Linares, directora de Justicia Inclusiva.

Por el Ministerio Público estuvieron Roberto Hernández y Ángelo Frías, director y consultor jurídico de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.