El Poder Judicial dominicano participó durante los días 15 y 16 de este mes en la Primera Ronda de Talleres de la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuya Asamblea Plenaria se llevará a cabo en Perú en septiembre de 2023, bajo el lema “Por una carrera judicial independiente y eficaz”.
La Ronda de Talleres tuvo como propósito reunir a los expertos designados por los Poderes Judiciales de Iberoamericana en los cuatro grupos de trabajo que se enfocan en los proyectos aprobados para esta edición de la Cumbre.
Los jueces y juezas designados por el Poder Judicial dominicano son la magistrada Arleny Cabral, presidenta-coordinadora de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, del grupo que trató el “Régimen disciplinario y sus garantías”; la magistrada Arelis Ricourt, presidenta-coordinadora de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, con el tema “Hecho tecnológico y función judicial”; y el magistrado Filoset Núñez, presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, integrado en el grupo “Evaluación de la calidad y desempeño de la judicatura”.
De igual forma participó la magistrada Martha Cristina Díaz Villafaña, presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, quien integra la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La magistrada Díaz Villafaña tuvo a su cargo la transversalización desde la perspectiva de género de los instrumentos generados para la evaluación de la calidad y desempeño de la judicatura. Asimismo, condujo un conversatorio con juezas afganas acogidas por el gobierno de Brasil.
Sobre la Cumbre Iberoamericana
La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que incentiva la cooperación y concertación entre los Poderes Judiciales de los 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Reúne en su seno a los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, así como a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.
Su principal objetivo es la adopción de proyectos y acciones concertadas que, respetando las diferencias, contribuya al fortalecimiento de los Poderes Judiciales y del sistema democrático.