El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina Peña, solicitó el apoyo de los magistrados Milton Ray Guevara e Ygnacio Camacho, presidentes del Tribunal Constitucional y Superior Electoral, respectivamente, para la aprobación del proyecto de uso de medios digitales que cursa en el Congreso Nacional, al definir esta ley como necesaria para enfrentar las problemáticas del sistema de justicia.

La solicitud fue realizada durante el conversatorio “Los retos del poder jurisdiccional desde la perspectiva de los presidentes de las altas cortes”, organizado por la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra, donde Molina Peña indicó que ese proyecto de ley responde a la necesidad de asegurar acceso y aprovechar ventajas de medios que se pusieron al alcance de los ciudadanos en general debido a la pandemia.

“La integración de la tecnología aumenta la transparencia y permite el monitoreo de la sociedad a la labor judicial”, expresó y agregó que la decisión del Tribunal Constitucional se debe a una interpretación relativa a la necesidad de un marco legal para la implementación de la opción virtual, y la aprobación de ese proyecto permitirá que estos avances puedan seguir operando.

Durante su intervención, Molina Peña indicó que entre los principales retos de la justicia está la reducción de la mora o retardo judicial, una problemática que afecta a todos los usuarios del sistema, sobre todo a las personas más vulnerables.

Además, sostuvo que se necesita ampliar el acceso para lograr una justicia más inclusiva y la necesidad de aumentar la transparencia y confianza en las decisiones judiciales. “De ahí el compromiso de ofrecer una justicia al día y actualizada que garantice la dignidad de las personas”, expresó.

Desde el año 2019, el Poder Judicial ha puesto en marcha un proceso de transformación que ha permitido mover a la justicia de la cultura del papel a la cultura digital, incorporando los medios digitales con el fin de mejorar los niveles de eficiencia, haciendo más simples y rápidos los procesos, mejorando la administración de los tribunales, la transparencia y las posibilidades de servicio a los ciudadanos y usuarios.

El plan estratégico del Poder Judicial se enfoca en tres ejes fundamentales que son justicia oportuna, justicia inclusiva y justicia confiable. Entre los pasos que se han dado para lograr estos objetivos está capacitar con las habilidades y aptitudes al personal, mejorar las condiciones de acceso ofreciendo las condiciones que permitan dar un trato digno a las personas.

El eje de justicia oportuna nos lleva a concentrar los esfuerzos para la erradicación de la mora, empezando con la Suprema Corte de Justicia, lo que inviste a los jueces del alto tribunal de la autoridad y liderazgo para ser ejemplo de los demás tribunales. “Esto ha dado como resultado una cultura de trabajo ligada a la conciencia de la labor y su impacto, y el respeto de los plazos, en beneficio de un sistema de justicia más abierto, eficiente y confiable”, expresó Molina Peña.

Todo eso ha sido posible con el acceso digital que ha permitido fortalecer el rol jurisprudencial y a la vez ofrecer un mejor servicio a abogados, abogadas y usuarios.

El Poder Judicial mejora paulatinamente su institucionalidad, logrando mayores niveles de independencia e integridad, al revisar los sistemas de integridad, carrera y escalafón. Con esto la toma de decisiones se produce en torno a parámetros de certeza objetiva, reduciendo la discrecionalidad de los órganos de administración, lo que permite aumentar la transparencia y confianza en las decisiones judiciales.

Simultáneamente, el Poder Judicial trabaja con las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. “En el sistema, las personas más vulnerables son los privados de libertad. El Poder Judicial debe asegurar que el sistema de justicia contribuya efectivamente a la reintegración de estos a la sociedad, teniendo las órdenes de libertad al día en atención al mandato legal, ya que los plazos no pueden exceder lo que manda el Derecho y las leyes”, indicó el magistrado en su intervención.